Las Consecuencias.
Foto: D. José González Domínguez, Alcalde de Zalamea en Febrero de 1888. Encabezó la manifestación, presenció desde el balcón del Ayuntamiento de Riotinto las descargas de fuego sobre los manifestantes y dio testimonio de ello a la prensa de la época.
La masacre tuvo un efecto devastador en la gente sencilla del pueblo, que durante los días posteriores, y aún mucho después, vivió atemorizada y angustiada no sólo por lo que presenciaron sino por la feroz represión que ejercieron las fuerzas del orden. Los heridos que fueron recogidos en la plaza, después de ser atendidos, fueron detenidos y algunos de ellos enjuiciados; razón por la cual muchos de los heridos que en un principio habían logrado huir se negaron a recibir asistencia médica y acabaron engrosando el número de muertos. Se realizaron registros domiciliarios en busca de Tornet y de otros cabecillas de la huelga y de la manifestación que no habían sido localizados hasta entonces, se enviaron nuevos refuerzos de soldados y guardias que establecieron controles en las poblaciones de la Cuenca, especialmente en Riotinto, viviéndose un auténtico estado de excepción; de hecho hubo un intento de traspasar el mando a una autoridad militar, aunque el gobernador finalmente no lo consideró necesario. El miedo caló tan hondo en la población que se eludía tratar del asunto públicamente; aunque, como es lógico, en círculos privados o de puertas para adentro no se hablara de otra cosa. Un ejemplo de ello lo tenemos en la sesión que la corporación municipal de Zalamea celebró el domingo 5 de Febrero, un día después, y en la que oficialmente no se hizo constar en las actas nada de lo ocurrido. ¿Podemos imaginarnos que aquellos hombres no trataran de lo que pasó apenas 24 horas antes? ¡Y fue presidida por el alcalde José González Domínguez, uno de los protagonistas! Probablemente fue el asunto más importante de la sesión, por no decir el único, pero se evitó reflejarlo en el acta.
El lunes siguiente la mayoría de los obreros volvieron al trabajo y las movilizaciones populares contra los humos se cortaron de raíz. Transcurriría más de doce años antes de que se registrara otra protesta obrera porque a la represión se unió el endurecimiento de las medidas de la compañía inglesa contra los mineros que secundaron la huelga. Se incrementaron los despidos y las reivindicaciones salariales fueron rechazadas de plano y sólo se aceptó la supresión de la peseta de contribución médica después de trascurridas unas semanas, para que nadie las relacionara con las movilizaciones, medida que la empresa ya tenía pensado aplicar antes de la huelga. Pero la Compañía también aprendió algo de aquel día, en lo sucesivo debería intervenir en política y ocuparse más del entramado social de la población, creando servicios de atención a los obreros y a sus familias
Las víctimas oficialmente reconocidas recibieron ayudas de algunas instituciones, ayudas que se llevaron a cabo muy a pesar de las publicaciones afines a la empresa y de algunos sectores políticos. Tomó la iniciativa en este sentido el Ayuntamiento de Zalamea la Real que con fecha del 11 de Febrero de aquel mismo año ya acordó abrir una suscripción para socorrer a las víctimas a la vez que proponía al resto de los Ayuntamientos de la comarca hiciesen lo mismo. Un intento anterior, del 8 de Febrero, promovido por Ordóñez Rincón en la Diputación Provincial, fue rechazado por motivos políticos ya que implicaba el reconocimiento tácito de la responsabilidad del gobernador civil y del ejército. Las ayudas procedieron también de aportaciones particulares y de medios de comunicación.
¿Todo acabó entonces aquel 4 de Febrero? Evidentemente no. Los trágicos sucesos de aquel día tuvieron una gran resonancia a nivel nacional. La noticia acaparó las portadas de los principales periódicos, que además se siguieron ocupando de ella durante bastante tiempo. Por otra parte la liga antihumista continuó moviéndose en círculos políticos tanto en la diputación provincial como en la capital de España donde, desde hacía algún tiempo, una comisión de la liga formada por cuatro personas realizaba gestiones para conseguir sus propósitos.
Así pues la presión mediática y política, incluso desde dentro del mismo partido del gobierno, consiguió que el 29 de Febrero, 25 días después, José Luis Albareda, ministro de la gobernación, publicara el real decreto prohibiendo las calcinaciones al aire libre. En él se establecía que este sistema debería ir reduciéndose gradualmente hasta desparecer, estableciéndose como fecha límite Enero de 1891.
Pero la Compañía inglesa era demasiado poderosa como para rendirse ante obstáculo tan vano. Desató una intensa campaña a todos los niveles, utilizando todos los medios a su alcance, que eran muchos, prensa, supuestos expertos en medicina y salud, políticos; todos ellos tenían, además de las declaradas razones de interés público, otras no tan declaradas de interés privado puestas al servicio de la empresa. El caso es que el decreto acabó convirtiéndose en papel mojado, no se respetó en absoluto y el 29 de Noviembre de 1890, el gobierno conservador presidido por Cánovas del Castillo, acabó derogándolo.
La Compañía, aunque se vio obligada a pagar indemnizaciones a los agricultores que acallaron algunas protestas, siguió campando a sus anchas y continuó utilizando impunemente el sistema de calcinaciones al aire libre. La última telera se apagó en 1907, diecinueve años más tarde de aquella manifestación. Y no fue por decreto sino porque se aplicaron otros procedimientos más productivos y rentables.
Manuel Domínguez Cornejo y Antonio Domínguez Pérez de León
